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En general, el deporte y la actividad física para personas en situación de discapacidad en la región de Antofagasta es muy limitado, ya que, en primera instancia, son muy pocos los profesionales ligados al área, ya sea, debido a la falta de interés y/o capacitación omiten esta línea de trabajo llamada "discapacidad". Sumado a ello, la falta espacios adaptados e inclusivos que permitan la participación social activa y permanente de PsD en sus distintos niveles y capacidades, ya que, el deporte y las interacciones sociales son herramientas esenciales y fundamentales en el proceso de vida de una persona, y es precisamente allí, en donde debemos apuntar nuestros objetivos.

Región de Antofagasta

Un 7,8% de la población adulta de la región de Antofagasta son personas con discapacidad, proporción menor que el porcentaje de la población nacional (17,6%). De ellas, 2,7% son personas con discapacidad leve a moderada, y un 5,8% personas con discapacidad severa.

La distribución del porcentaje de discapacidad en la población adulta según sexo mantiene la tendencia nacional, pues en las mujeres hay mayor prevalencia de discapacidad comparado con los hombres. Del universo de mujeres adultas en la región, un 10,7% son personas con discapacidad, mientras que en los hombres adultos en la región dicho porcentaje es de 4,8%.

El porcentaje de discapacidad de la población adulta por tramo de edad sigue el patrón nacional, pues aumenta significativamente con la edad. Si consideramos el tramo etario de 18 a 59 años, el 4,2% son personas con discapacidad, y en la población de 60 años y más, el 22% son personas con discapacidad. Al comparar los promedios de edad de la población adulta sin discapacidad y con discapacidad, el de la población sin discapacidad es de 41,7 años y el de la población con discapacidad es de 59,4 años.

Al comparar el porcentaje de discapacidad de la población adulta por quintiles de ingreso autónomo per cápita del hogar, se evidencia que en los quintiles de menores ingresos hay mayor prevalencia de discapacidad, pues en los quintiles I y II, un 10,8% corresponde a población con discapacidad, y en los quintiles III al V, un 6,4%.

Los indicadores de educación muestran que la población adulta sin discapacidad tiene, en promedio, más años de escolaridad que la población adulta con discapacidad. En la región, las personas sin discapacidad tienen un promedio de 12,7 años de escolaridad, mientras que la población con discapacidad tiene un promedio de 9,6 años de escolaridad.

Los indicadores laborales evidencian las brechas de inclusión laboral entre la población adulta con y sin discapacidad. El 25,4% de la población adulta con discapacidad está ocupada, frente al 61,3% de la población sin discapacidad. Respecto a la población que participa del mercado laboral, es decir, que está disponible para trabajar (ocupado o desocupado), en la población con discapacidad es un 30%, comparado con un 65,4% de la población sin discapacidad. A la vez, la población inactiva (que no trabaja y que no está buscando empleo por diversas razones), es un 70% de la población con discapacidad, frente al 34,6% en la población sin discapacidad.

Respecto a la dependencia, se identifica como persona en situación de dependencia a aquellas personas con discapacidad que, debido a su salud, requieren de la asistencia de otra persona para realizar algunas tareas o actividades en su vida diaria. Del total de personas adultas con discapacidad, el 57,6% se encuentra en situación de dependencia.

La situación de dependencia aumenta según aumenta la edad: de los adultos con discapacidad de entre 18 a 59 años, el 47,8% está en situación de dependencia, mientras que en los adultos con discapacidad de 60 años y más, el 64,8% está en situación de dependencia.

La situación de dependencia según quintil de ingresos autónomos del hogar, resulta tener una prevalencia similar al comparar por tramos de quintil. Del universo de personas adultas con discapacidad, en los quintiles de menores ingresos (I y II), el porcentaje de personas en situación de dependencia es de 56,5%, mientras que en los quintiles de mayores ingresos (III, IV y V), el porcentaje de personas en situación de dependencia es levemente mayor (58,5%).

En relación a las personas que cuidan, el 58,6% de las personas en situación de dependencia indica que cuentan con al menos una persona que le presta asistencia permanente para realizar actividades de la vida diaria.

En temáticas de salud, respecto a la prestación de salud, un 87,1% de la población con discapacidad se atiende por Fonasa, a diferencia de un 76,3% de la población sin discapacidad. Respecto a la declaración de enfermedades, las personas con discapacidad indican tener una mayor cantidad de condiciones de salud, ya que el 64,8% reporta tener 3 o más condiciones de salud, frente al 12,3% de las personas sin discapacidad. De manera similar, el 50% de las personas con discapacidad señala tener alguna condición de salud permanente y/o de larga duración[1], proporción mayor que el 7,5% de las personas sin discapacidad.

En relación a las ayudas técnicas, el 8,8% de las personas con discapacidad indica no tener ayuda técnica pero sí necesitar una, y el 46% utiliza alguna ayuda técnica, y requiere de otra adicional.

En lo que respecta al entorno y al ambiente, las personas con discapacidad en gran medida perciben como barreras (difícil o muy fácil de utilizar) el uso de los espacios públicos (41,9%), tiendas, bancos o comercios (37,3%), sistema de transporte público (44,2%). Asimismo, en relación a la disponibilidad de redes, la población con discapacidad declara tenerlas en menor porcentaje que las personas sin discapacidad, como en el caso de contar con un buen grupo de amistades y conocidos (68,5% vs 86,8%).

[1] Refiere a dificultad física y/o de movilidad, mudez o dificultad en el habla, dificultad psiquiátrica, dificultad mental o intelectual, dificultad psicosocial, sordera o dificultad para oír usando audífonos, ceguera o dificultad para ver aun usando lentes.